INICIO
65 niños y adolescentes bolivianos fueron llevados a Brasil de forma irregular entre febrero y junio de este año por personas desconocidas, con el aval de un juzgado de Puerto Suárez, cuyos funcionarios fueron encarcelados. La fiscal Margoth Vargas explicó que los menores en su mayoría provenían del altiplano y cruzaron la frontera sin sus padres, solo con garantía de particulares. Por el momento se ignora la situación de esos menores en el país vecino, según fuentes oficiales.
Por el caso están detenidos en la carceleta de la Policía de San José de Chiquitos Gabriel Pereira Rodríguez, titular del juzgado de Partido Mixto Liquidador de Sentencia de Puerto Suárez; Cíver Clavel Suez y Orlando Paz Giles, auxiliar y actuario, respectivamente, de dicho juzgado. También fueron encarcelados Leonarda Ortiz Tomichá y Mario Rocha Martínez, vecinos de Puerto Suárez que en varios trámites aparecen como garantes para la salida de los chicos.
Procedimiento
La ley indica que para el viaje de niños y adolescentes en ausencia de sus padres se requiere de una autorización expresa de estos o de una garantía de dos personas que vivan en el lugar donde se tramite la salida y que conozcan a los menores, pues deben responder por el pago de los gastos de repatriación del niño a su cargo.
La fiscal Vargas aseguró que estos trámites fueron obviados en el juzgado en cuestión y que dos personas aparecían como garantes en varios casos. “Los niños y adolescentes, de entre dos y 17 años, llegaban de Oruro, Cochabamba, Potosí, etc. Se dice que los llevaban para unirlos a sus padres en Brasil, pero no sabemos. Puede que los hubieran llevado a trabajar o para otros fines. Es imposible que los garantes (ahora procesados) los hubieran conocido a todos”, manifestó Vargas.
Sigue la pesquisa
El Ministerio Público informó de que se busca a tres personas presuntamente implicadas en el hecho para obtener más información puesto que los cinco imputados optaron por el silencio a la hora de declarar, a decir de la fiscal.
La denuncia fue sentada de oficio por un policía a raíz de comentarios de vecinos que notaron la salida sin control de muchos menores. A los detenidos se los procesa por el delito de trata de personas
MÁS DEL TEMA
El delito en cuestión
El tráfico de personas tiene una pena de cinco a 10 años de prisión. En este caso se indaga el fin del traslado.
El tráfico de personas tiene una pena de cinco a 10 años de prisión. En este caso se indaga el fin del traslado.
UN HOMBRE DE LEYES
El juez Gabriel Pereira R. es conocido en la Chiquitania, donde fue fiscal varios años.
El juez Gabriel Pereira R. es conocido en la Chiquitania, donde fue fiscal varios años.
Suplencia legal
Un juez de la frontera suplirá a a Pereira mientras dure su proceso penal.
Un juez de la frontera suplirá a a Pereira mientras dure su proceso penal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario