El sumario administrativo, que la Alcaldía de Cercado instauró contra los funcionarios del Servicio de Estacionamiento Municipal (SEM) y la Dirección de Desarrollo Económico por el presunto daño económico ocasionado al municipio por la suspensión del servicio de parqueo tarifado en la ciudad durante 10 días, concluyó en sus dos primeras fases dentro de los plazos establecidos, según un informe del alcalde Edwin Castellanos.
Según la vocera de la Alcaldía, Elba Morales, el proceso sumario contó con dos resoluciones. En la primera se determinó indicios de “responsabilidad civil y administrativa” contra cuatro funcionarios. Pero, tras una apelación sólo se encontró responsabilidad en dos funcionarios, en tanto que los otros dos casos fueron archivados.
Morales explicó que ambos trabajadores municipales, cuyos nombres todavía no pueden ser revelados, cuentan con indicios de responsabilidad civil y administrativa, y recibieron como sanción un descuento del 20 y 10 por ciento de su haber básico correspondiente a un mes de trabajo.
Sin embargo, el proceso continúa puesto que uno de funcionarios planteó una segunda apelación denominada “recurso jerárquico”. Por lo que, ahora será el Alcalde quien defina si la sanción se archiva o se ratifica.
En caso que Castellanos ratifique la resolución, ambos funcionarios serán objeto de sanciones administrativas y civiles con el descuento de 20 y 10 por ciento de su salario y se solicitará la realización de una auditoría interna, para cuantificar el posible daño económico ocasionado.
Posteriormente, esta pasará a la Dirección Jurídica de la Alcaldía, instancia que iniciará un proceso civil ante un juez para cobrar el posible daño económico. Según estimaciones preliminares se sabe que el municipio perdió cerca de 200 mil bolivianos por la suspensión del servicio y la falta de boleteros en los parqueos.
Daño bordea Bs 200 mil
El conflicto surgió luego de que el contrato con las ocho microempresas se venció el 20 de mayo sin que el SEM y la Dirección de Desarrollo Económico hayan tomado la precaución de convocar a nuevas empresas para continuar con el servicio en el centro de la ciudad, como establece la Ordenanza Municipal 4398.
El 31 de mayo, el servicio fue restituido con cuatro microempresas encargadas del mismo. El alcalde, Edwin Castellanos, inició un proceso de investigación sumario contra los funcionarios responsables del daño económico causado al municipio, que se estima supera los 200.000 bolivianos.
Actualmente, la juez sumariante del municipio identificó a dos funcionarios municipales con indicios de responsabilidad civil y administrativa. Sin embargo, el proceso continúa en etapa de apelación.
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