ONU exige a Bolivia tipificar delito de tortura

El Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) recomendó ayer, por segunda vez, a Bolivia tipificar el delito de tortura en su legislación, conforme a las leyes internacionales.

“El Estado debe incorporar a su legislación penal una definición de tortura que abarque todos los elementos que figuran en el artículo 1 de la Convención”, señala el informe del Comité.

Asimismo, dice que le “preocupa” la demora en la investigación de denuncias, por lo que insta al Estado boliviano a “garantizar” una solución pronta e imparcial.

Al respecto, la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, no quiso adelantar criterio, sino hasta conocer oficialmente la recomendación de la ONU vía Cancillería, sin embargo, aseguró que se está trabajando en ello y que en los posteriores días se harán público esos avances.

“La legislación penal debería enunciar claramente el propósito del delito de tortura, estipular las circunstancias agravantes, incluir la tentativa de tortura, así como los actos realizados para intimidar o coaccionar a una persona o a un tercero y los cometidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”, indica el comunicado del Comité contra la Tortura.

Respecto a las garantías procesales fundamentales, los expertos de la ONU recuerdan que en la anterior revisión ya solicitaron que éstas estuvieran en consonancia con lo establecido en la Convención.

En relación a las denuncias de torturas y malos tratos, el Comité solicita a las autoridades bolivianas que establezcan un mecanismo de queja específico e independiente para que esas quejas puedan ser atendidas y examinadas sin demora y de forma imparcial.

“Preocupan al Comité las demoras habidas en la instrucción y en el examen de la causa penal en la mayoría de los casos individuales de malos tratos, tortura, uso excesivo de la fuerza y muertes en custodia”, es por ello instan a Bolivia a que “garantice” que se investiguen de manera pronta e imparcial todas las denuncias.

También recomienda a que los presuntos autores de actos de tortura sean suspendidos de sus funciones de forma inmediata y durante toda la investigación.

Jurisdicción militar

Los expertos de las Naciones Unidas recomiendan a las autoridades bolivianas a que excluyan la competencia de la jurisdicción militar para juzgar sobre casos de violaciones de derechos humanos, incluidos los actos de tortura y malos tratos cometidos por miembros de las fuerzas armadas del país.

“El Estado parte debe garantizar que se investigue exhaustivamente la conducta de los miembros de las fuerzas armadas sospechosos de cometer actos de malos tratos o tortura contra personal militar, se enjuicie a los autores de esos actos en la jurisdicción ordinaria, y de ser declarados culpables, sean castigados con sanciones apropiadas”, indica el comunicado.

Bolivia presentó su informe ante el Comité Especial

El pasado 17 de mayo, la representante Permanente de Bolivia ante las Naciones Unidas en Ginebra, Angélica Navarro, dio el informe periódico del Estado Plurinacional sobre la forma en que aplica las disposiciones de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles.

En la ocasión dijo que la reforma en Bolivia ha llevado a la aprobación de una nueva Constitución el año 2009 que prohíbe la tortura y los tratos crueles y degradantes, y un nuevo sistema de justicia restaurativa basada en la equidad y la igualdad se habían puesto en marcha.

También indicó que existe un anteproyecto de ley sobre el mecanismo para prevenir la tortura que se estaría discutiendo en el Consejo Nacional de Política Económica y Social. A esto se sumaría el nuevo proyecto de Código de la Niñez y la Adolescencia que se encuentra actualmente ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Los expertos del Comité hicieron hincapié en que la cuestión clave era cómo garantizar que el derecho a una vida libre de violencia y tortura sea implementado en la estructura del Estado. También destacaron la necesidad de establecer un mecanismo nacional de prevención.