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El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró ayer que el tratamiento del proyecto de ley de Extinción de Dominio de Bienes continuará hasta su aprobación, porque es una decisión gubernamental “que no tiene retorno”.
En contraposición, el transporte sindicalizado, gremialistas y fabriles, por separado, pidieron anular el proyecto en su totalidad. Los choferes declararon un paro indefinido que comenzaría la próxima semana hasta que el proyecto sea archivado definitivamente.
En Cochabamba, transportistas sindicalizados, gremialistas, trabajadores fabriles y dirigentes de la Central Obrera Departamental (COD) protagonizaron ayer una multitudinaria marcha contra el proyecto de ley a la que calificaron de “maldita” porque permitirá la confiscación de sus vehículos, inmuebles, mercadería y otros bienes, sin respetar la presunción de inocencia, a la sola sospecha de contrabando, narcotráfico o haya sido adquirido ilegalmente.
“Ni pequeños ni grandes gremiales o transportistas se salvarán de esta maldita ley, afecta a todos los que tengan un bien”, reiteraron en sus discursos.
El ministro Romero, en la mañana, minimizó las movilizaciones de los gremialistas contra el proyecto y aseguró que la mayoría de los bolivianos apoyaba la iniciativa y quienes se oponían a la normativa protegían a contrabandistas y narcotraficantes.
Minutos antes de que la marcha en Cochabamba llegara a la plaza principal, en rueda de prensa Romero manifestó que estas movilizaciones eran “absolutamente inoportunas” y lo que estaban haciendo es dar tiempo a los narcotraficantes y contrabandistas para que vayan saneando sus bienes”, porque la intención de la ley es “afectar los bolsillos de los magnates” del contrabando y narcotráfico.
Agregó que preocupa que los transportistas, pese a los cambios en la normativa que excluyen al sector, sigan convocando a movilizaciones y “queriendo o sin querer están actuando en complicidad con narcotraficantes y contrabandistas”.
No obstante, dijo que el Gobierno está abierto al diálogo y a la modificación de la normativa. En esa misma línea, la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, reitera su invitación al sector del transporte a retomar la mesa de diálogo para consensuar el proyecto de ley.
“La ley es positiva de por sí misma, habrá que hacer ajustes constitucionales, que los estamos realizando en la Asamblea y no vamos a ingresar en detalle hasta que no se despejen las dudas”, aseguró Delgado.
El secretario Ejecutivo de la Federación del Autotransporte de Cochabamba, Lucio Gómez, dijo que sólo aceptarán reunirse con el Gobierno para “hacer conocer que el proyecto de ley no va” y por lo mismo dijo que el paro indefinido es un hecho.
“La decisión ya está dada, el compañero Franklin Durán está dispuesto y pendiente para declarar el paro general indefinido en cualquier instante. Vamos a esperar que pasen las fiestas de Todos Santos”, dijo Gómez.
"Si es que trataran la ley, inmediatamente vamos a lanzar el paro general indefinido con bloqueo de carreteras. Antes que se trate debíamos hablar", manifestó por su parte en La Paz el máximo dirigente de los choferes del país, Franklin Durán.
Gremiales piden su anulación
Los gremialistas de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí y Sucre se movilizaron ayer en rechazo al proyecto de ley de Extinción de Dominios de Bienes a favor del Estado, porque consideran que afectará sus distintas actividades y bienes.
En Cochabamba, los vendedores de ropa usada marcharon y llegaron hasta la plaza central, donde expresaron su protesta.
Al igual que los transportistas, exigen la anulación de todo el proyecto y la suspensión de su aprobación en la Cámara de Diputados.
Las movilizaciones de ayer en Santa Cruz y La Paz estuvieron acompañadas de bloqueos, y los mercados funcionaron a medias.
"Esta ley ya ha sido aprobada en grande y la población no lo sabe. Si quieren controlar a los contrabandistas ya existe una ley, si quieren controlar a los narcotraficantes por qué no aplican la Ley 1008. Ahora quieren que en cinco días rindamos cuentas del patrimonio que nos ha costado todo una vida", protestó el dirigente de los gremiales de Santa Cruz, Jesús Cahuana.
"Lo que el Gobierno quiere hacer con esta ley es ponernos al nivel de los contrabandistas y narcotraficantes. Nosotros hemos reunido nuestro patrimonio en años de trabajo. De qué sirve trabajar con honestidad, si ahora seremos tratados igual que los delincuentes", dijo.
GARANTÍAS
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseveró que la ley no será aplicada “abusivamente” porque tiene cinco características que aseguran el cumplimiento de sus objetivos: Está circunscrita a los delitos de narcotráfico, contrabando, corrupción y legitimación de ganancias ilícitas.
El procedimiento sólo se acciona si se instaura un juicio penal contra una persona. Están salvaguardados los derechos de las terceras personas “de buena fe”, como las que alquilan viviendas o los propietarios de vehículos que contratan choferes.
Por último, dijo que para que este procedimiento se active tendrían que existir transacciones superiores a los 70 mil bolivianos, aunque sostuvo que este monto puede ser rediscutido y revisado.
LEGISLADOR DICE QUE “ES UNA CANALLADA”
Rechazan acusaciones de Gobierno, exigen pruebas
Dirigentes de los transportistas y gremialistas reaccionaron ayer molestos contra las declaraciones del presidente Evo Morales, el Ministro de Gobierno y otras autoridades gubernamentales, que acusaron a estos sectores sociales de defender a contrabandistas y narcotraficantes, y sus bienes mal habidos, por oponerse al proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes. Exigen pruebas sobre esas denuncias.
El presidente Evo Morales respaldó la incautación y monetización a favor del Estado de aquellos bienes producto de la comisión de delitos como narcotráfico y contrabando, y señaló que algunas personas vinculadas con estos ilícitos están utilizando a sectores sociales para resistir la aprobación de la ley.
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Javier Santibáñez, que representa al transporte en Cochabamba, calificó de "canallada" esas acusaciones de las autoridades gubernamentales.
Afirmó que quien hizo estas acusaciones debe mostrar pruebas para que se procese a esos malos transportistas. “Creo que están haciendo un gran daño al transporte, no puede ser, es una canallada que digan eso. Si realmente alguien asevera eso, es porque tiene pruebas y bueno, pues, hay que decir, hay que emplazar y hay que juzgar si es que hubiera algún dirigente que hubiere estado siendo financiado por algún narcotraficante (…), no podemos hablar alegremente de que el gremio esté siendo financiado por mafias del narcotráfico, eso rechazo rotundamente de la persona que se haya manifestado", dijo Santibáñez.
El dirigente de los gremialistas de Santa Cruz, Jesús Cahuana, respondió: "No defendemos narcos, defendemos nuestro trabajo".
Por su parte, el diputado también del MAS, Galo Bonifaz, representante del transporte de Pando, dijo que los transportistas no son ni narcotraficantes ni contrabandistas. “Sólo que algunos choferes se dejan convencer de cometer actos ilícitos. Los narcotraficantes utilizan a los humildes transportistas, los contrabandistas utilizan al transporte con sus cargas ilegales", manifestó el legislador.
El ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Franklin Durán, dijo que Bonifaz tendrá que demostrar quiénes son esos transportistas y anunció su procesamiento dentro de la organización gremial, porque como parte de ella, no puede desprestigiar al sector.
Anoche en Oruro, el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, insistió que sólo los corruptos, narcotraficantes y contrabandistas tienen motivos para preocuparse por el proyecto de ley de Extinción del Dominio de Bienes en Favor del Estado que tramita el Legislativo.
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