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La senadora Carmen Peredo informó ayer que la prioridad de las instituciones será elaborar el Plan de Manejo Integral del Parque Nacional Tunari (PNT) antes que regularizar los asentamientos ilegales que están en el límite de la cota 2.750 y carecen de títulos de derecho propietario.
La elaboración del Plan de Manejo depende de un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de 150 mil dólares. Según el último informe de la directora del Servicio de Áreas Protegidas (Sernap), Teresa Morales, se espera contar con los recursos hasta noviembre y realizar el plan en 10 meses.
Según la senadora, la decisión de la comisión de Tierra y Territorio de la Brigada de Asambleístas de Cochabamba es la de respaldar la realización del Plan de Manejo del PNT.
“Por decisión unánime de varias instituciones se ha definido conformar una comisión departamental que encare de una vez el conflicto del PNT, por su importancia ambiental y el daño que están haciendo a las recargar acuíferas la deforestación, incendio y viviendas ilegales”, dijo Peredo.
La comisión departamental será la única instancia departamental que trabaje la problemática del PNT.
Otro de los desafíos de la comisión departamental, conformada el 3 de octubre, es trabajar en una normativa para las viviendas ilegales, que se reflejan en la existencia de al menos 200 urbanizaciones ilegales en Cercado y Sacaba.
Después de la inspección que realizaron al PNT la diputada Sinda Romero y el director jurídico del Sernap, Freddy Abastaflor, en la que sugirieron regularizar asentamientos ilegales, la senadora manifestó que la comisión de Tierra y Territorio y la comisión departamental son las únicas instancias en las que se definirá los planes para el área protegida.
Añadió que “cualquier diputada o diputado que quiera trabajar en este ámbito tiene que adscribirse a la comisión Tierra y Territorio.
NUEVA LEY
Representantes de instituciones acordaron constituirse en una instancia departamental de coordinación sobre la situación del PNT y en impulsar una normativa nacional para buscar soluciones definitivas a los diversos conflictos del área protegida.
Con esta nueva ley se busca tener un instrumento más coercitivo para la conservación del área, debido a que la actual normativa 1262 es insuficiente para proteger el PNT.
De acuerdo con las instituciones, ahora no sólo se tiene que atender el avance de las urbanizaciones de la ladera sur del PNT, sino también a las comunidades de la ladera norte que han cuestionado los límites del parque./Los Tiempos
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